Por: Esteban Bonilla.
La premisa “la minería legal es mejor que la minería ilegal”, se ha repetido en numerosas ocasiones, en el ámbito técnico, legislativo y político local. Se han dado las razones de porque una es buena, porque la otra es mala y se han enumerado los riesgos de ambas.
Algunos actores de la sociedad comprendieron rápidamente el mensaje, pero existe un razonamiento escabroso que permite que sus ideas de hacer lo correcto, lo técnicamente correcto, se diluyan y den paso a ideas de hacer lo que es conveniente para su economía personal, notoriedad pública o sus aspiraciones.
Ahora bien, existe quienes con un interés muy particular podrían internarse en temas técnicos, pero con otros fines no tan técnicos o científicos. Es normal escuchar actualmente frases como: “políticamente correcto”, “políticamente inviable” o “políticamente costoso”. En algunos temas estas frases pueden ser utilizadas sin temor al juzgamiento; pero, cuando se trata de temas científicos y temas técnicos, no se justifica dejar de escuchar la realidad técnica por un tema de: “nos pareció políticamente muy costoso”, o “se observó que un costo político muy elevado”; o aún más triste: “vimos que era políticamente inviable”. Inclusive la conocida frase: ¿hay ambiente en la asamblea? Eso significa que para hablar de lo técnicamente correcto y probado científicamente, ¿los técnicos tenemos que crear ambiente? ¿Desde cuándo lo técnicamente correcto, lo que la ciencia probó que es mejor para el ambiente, la sociedad, la economía social y el desarrollo equilibrado con el ambiente, debe descartarse por ser políticamente costoso?
Les diré desde cuándo, desde que se interpone un interés personal sobre el social, y sobre la economía y protección ambiental. Estos actores sociales, dentro de los cuales hay técnicos y científicos, están pensando en sus aspiraciones políticas (algunos hasta presidenciales). Otros aspiran tal vez a un puesto en algún fondo o alguna ONG de corte ambiental, a un puesto político o seguir siendo un asesor por unos añitos más. Otros, sencillamente descartan la realidad técnica por el bienestar del partido político, no del país.
La realidad técnica es la siguiente: la minería legal es beneficiosa para la economía social y para la protección del medio ambiente.
Una mina legal cuenta con profesionales en biología, ingeniería forestal y ciencias ambientales que se encargan de monitorear los niveles base ambientales, y de proponer, implementar y revisar las medidas de mitigación y de recuperación ambiental según se vayan revisando datos recopilados por procesos científicos. Así mismo cuenta con profesionales en geología, topografía, ingeniería en minas, ingeniería civil, geotecnia y otras ramas, que se encargan del diseño y extracción para que se realice de manera segura.
Un proyecto legal, también cuenta con profesionales en ciencias de la salud ocupacional, ingenieros industriales, ingenieros químicos y químicos quienes revisan y ejecutan los procesos de manera segura para los trabajadores, para el ambiente y para la inversión. Además pasa por serios procesos de análisis de inversiones, de costo-beneficio, con proyecciones que involucran variables desde nacionales hasta internacionales, costos de recuperación ambiental y de cierre técnico. En este análisis participan expertos en economía minera, economistas y otros profesionales de ciencias económicas.
En la minería ilegal no hay nada de esto y es gravísima para la sociedad, para la economía social y el prestigio del país. Ya pretender que no somos ricos en oro para satisfacer algunos egos o preferencias personales pasó, el saqueo es imparable, ahora solo queda decidir si dejamos que esto destruya al país o si lo convertimos en bienestar y crecimiento para el ciudadano.
Esta información fue comunicada a los actores sociales y políticos, aun así, le dieron la espalda a lo técnicamente correcto y tomaron la peor decisión: Prohibir la minería legal.
Estas personas incluso no valoraron el costo social y despreciaron el empleo que genera un proyecto minero legal. Esos empleos despreciados por los opositores a la minería legal, son personas que saben que hay responsabilidad detrás de las acciones, que hay recompensas si hacen bien la labor, saben que son parte de la sociedad, útiles, con un salario digno y gastan, invierten, compran y encadenan la economía.
También aumenta el problema el hecho de que se minimice de manera pública los daños que causa la minería ilegal. En cierta forma estas declaraciones en oídos de los mineros ilegales, dejan mensajes de permisividad; dejan mensajes de: “pueden seguir haciéndolo”.
Minimizar de manera pública los daños que causa la minería ilegal, deja un mensaje en los inversionistas mineros, de otras industrias y a nivel internacional, sobre la poca seriedad con la que se toman un tema tan importante como la degradación al medio ambiente y a la economía social.
Se pierden recursos del estado como el oro y recursos naturales sin posibilidad de reponerlos ni de encontrar responsables. Se pierde calidad de vida en la comunidad, y se da paso a la criminalidad y al abandono.
Se han cometido muchos errores, es el momento de reconocerlo, hacer lo técnicamente correcto y comunicarle al mundo: Hace 10 años se hizo caso omiso a los técnicos y científicos que advirtieron este desastre, y se tomó la decisión de prohibir la actividad minera de oro a cielo abierto, los datos indican que proliferó el saqueo de oro que no ha sido posible controlar, y con este saqueo se provocó y se provocan todavía serios daños al ambiente dentro de los que figuran contaminación de suelos y aguas superficiales con mercurio.
Es por ello que es necesario fomentar las actividades legales bajo un marco normativo estricto de protección ambiental y una institucionalidad fuerte con normas modernas. Es necesario este fomento a las inversiones serias y estudiadas, a la participación social de los proyectos y a los empleos de alta capacidad como los que hay en la minería legal.
Verdades: La minería de oro si puede coexistir con las actividades turísticas, así lo demuestra países como México, República Dominicana y muchos otros. La minería de oro si puede realizarse en climas tropicales, como se hace en Panamá, República Dominicana, Ghana, Papúa Nueva Guinea y decenas de países. La minería de oro legal y responsable no arroja sustancias tóxicas al agua ni al suelo. La minería legal y responsable ofrece empleos de alta capacidad que mejoran las expectativas de sus comunidades y una serie de encadenamientos económicos que no ofrecen muchas industrias. Las normas ambientales en el país no son frágiles y las instituciones del país no carecen de capacidades, al contrario, las normas ambientales del país son sólidas y son ejemplo
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