Viernes 22 de diciembre del 2017
Sres. Diario Extra
Presente.
En relación a lo expresado por el diputado Edgardo Araya Sibaja en días anteriores sobre el Colegio De Geólogos de Costa Rica y la minería, aclaramos que nuestra institución no sale en defensa de ninguna empresa nacional o extranjera, menos de un círculo político.
Así mismo, tampoco está para juzgar la actuación de los Tribunales de la República, sabemos que la Sala Constitucional en el 2010 consideró que los permisos y viabilidad ambiental otorgada a “Crucitas” estaban acorde a la legislación; sin embargo ese no es el tema que nos lleva “a alzar la voz”, menos aún prestarnos a una discusión política como lo pretende el señor Araya, quien reconoce que la actual “situación de Crucitas es delicada”, son miles de personas, en su gran mayoría extranjeros que ingresan a la zona para extraer oro, dejando a su paso contaminación con mercurio, desechos sólidos y líquidos, así como una deforestación indiscriminada, lo que se ha corroborado, no solo por lo expresado por nuestra institución, sino también por las imágenes expuestas en los medios de prensa, por lo que podemos afirmar es que la realidad es muy diferente a lo que plantea el señor Araya.
¿Qué ha hecho el Gobierno, los defensores del ambiente y el señor diputado Araya por evitar este desastre ambiental en la zona Norte?
Nuestra manifestación no es interesada, ni falaz, ni engañosa, menos temeraria, como si lo es la afirmación del señor Araya de que “no hay ningún tipo de minería que sea sostenible” Nuestro gremio defiende el trabajo serio de un sector, un trabajo sometido a un programa de explotación elaborado por profesionales incorporados a nuestro Colegio y a un estudio de impacto ambiental con términos técnicos y de cumplimiento obligatorio, controlado por las instituciones públicas competentes como lo son la Dirección de Geología y Minas, la SETENA y el SINAC, cuyos funcionarios no se arriesgan a ingresar a la zona si no es acompañados por la fuerza pública. ¿Cuánto le cuesta al Estado, entiéndase todos los ciudadanos del país, mantener esa fuerza pública permanente en la zona, cuidando que no invadan nuevamente esa finca? y ¿Quién pagará la expropiación en caso que esta se diera como lo plantea el señor diputado?
Los datos que enuncia el Diputado Araya evidencian que carece de conocimiento y sustento Técnico:
- El diámetro es una medida lineal y no puede corresponder a un número de hectáreas.
- Las aguas de las colas y los estériles son tratadas para eliminar el cianuro ya que éste puede descomponerse en Carbono y Nitrógeno. Caso contrario lo que ocurre con el Mercurio que es un elemento químico muy contaminante que perdura en el tiempo y que hoy en día está produciendo un gran daño ambiental en la zona.
Desconocemos las acciones que el señor Araya dice haber emprendido ante la Administración para sacar de la pobreza a los pobladores de Crucitas, Chamorro y otras poblaciones, quienes tienen la mala costumbre de comer todos los días, que tienen derecho al acceso a la salud, a la educación y no a que se acuerden de ellos cada cuatro años, para recordar que por su heroica actuación se anuló una concesión minera que era una esperanza de trabajo digno. Actualmente se le prohíbe a los locales beneficiarse legalmente con el recurso natural bajo sus pies, mientras se es incapaz de detener la actividad ilegal
La actividad minera, como cualquier otra actividad de desarrollo está integrada al ambiente y a su entorno humano así como lo establece el convenio del Desarrollo Sostenible, es decir, el reto para todas las actividades de producción, incluida la minería es cumplir con las medidas ambientales logrando un adecuado desarrollo humano con beneficios para el país.
Preguntamos: ¿Cuál actividad productiva es sostenible sin la minería?
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