Junta Directiva CGCR
El plan de descarbonizar la economía en todos los países y especialmente en los subdesarrollados, ha demostrado promover el desempleo y la pobreza en otras latitudes. El gobierno al no tomar decisiones técnicas acertadas incide en el aumento en el desempleo y la desesperanza poniendo en peligro la estabilidad social, ambienta, económica del futuro del país. Prueba de lo anterior es la crisis en que se encuentra actualmente Francia con más de 3 meses de protestas por los impuestos que se pretendían cargar sobre los ciudadanos para descarbonizar su economía. En el 2015 la brecha entre ricos y pobres disminuyó en toda América Latina con la excepción de Venezuela y Costa Rica.
Como bien dice el artículo 50 de nuestra Constitución Política: “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”. Uno de los criterios para la aplicación del Principio Precautorio “Indubio Pro Natura” dice: “El uso de los elementos de la biodiversidad deberá garantizar las opciones de desarrollo de las futuras generaciones, la seguridad alimentaria, la conservación de los ecosistemas, la protección de la salud humana y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.”.
Otro criterio asociado a la aplicación del principio precautorio dice: “..cuando exista peligro o amenaza de daños graves o inminentes a los elementos de la biodiversidad y al conocimiento asociado con estos.” El ministro de ambiente, Carlos M. Rodriguez, ha escogido ignorar la inminente amenaza al ambiente natural, al ser humano y a la economía nacional, maximizando así la degradación y el deterioro del entorno de manera integral. Lo anterior lo hace posible al decidir de forma totalitaria, sin estudios ni respaldo técnico confiable que su modelo de desarrollo está funcionando tan bien que no ocupamos los millones de dólares ni las fuentes de trabajo que produciría la extracción LEGAL de nuestros minerales. Esto no es natural, es un desastre provocado.
La Declaración de Estocolmo afirmó «que en los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales son causados por el mismo subdesarrollo… Por lo tanto, los países en desarrollo deben dirigir todos sus esfuerzos hacia el desarrollo…”.
A pesar de todo lo especificado en las leyes y acuerdos anteriores, el gobierno activamente genera más pobreza en Costa Rica, en un solo proyecto (Crucitas), ha decidido ignorar a las poblaciones y sacrificar mas de 300 empleos directos y 600 indirectos, $600 millones en ingresos para la economía local y nacional con su valor multiplicativo, el costo de oportunidad perdido es gigantesco. Ahora la ciudadanía completa debe pagar mas impuestos para cubrir los gastos de cientos de oficiales y toda su labor logística, transporte y comida y salarios sin garantía de ningún éxito duradero. Se expone a la ciudadanía a tener que pagar las demandas pendientes y la compra de la propiedad, nada de lo cual asegura una solución real.
Como si fuera poco, el gobierno de Costa Rica firmó y se comprometió a eliminar el uso del altamente tóxico mercurio al firmar el Convenio de Minamata, pero el gobierno más bien fomenta su uso continuado en la minería artesanal e indirectamente en la ilegal. La ideología evidentemente antidesarrollo la observamos por otro lado al correr a firmar un decreto prohibiendo la exploración de hidrocarburos y de gas natural. El resultado neto es como diciendo: “Compremos todos los combustibles a los países ricos para ayudarlos, el costarricense ya no ocupa más empleo ni desarrollo”. Es la misma idea de impedir el uso de la piedra local requerida para el muelle de Limón y traerla de Noruega.
El Gobierno de Costa Rica sin estudios técnicos (ambiental, social, ecónomico) sin evaluar el costo final para el país, sin participación de la sociedad civil, ha decidido apostar TODO a la teoría inalcanzable de la carbono-neutralidad. Ha decidido ignorar el creciente desempleo e inseguridad ciudadana (90 mil nuevos desempleados en los últimos 8 meses), ha decidido pretender que no estamos en plena crisis y que el oro que está siendo saqueado no vale la pena, que los 900 empleos que un solo proyecto iba a generar, son insignificantes.
Las consecuencias del no aprovechamiento de nuestras riquezas naturales aumentan nuestra vulnerabilidad, los intereses de algunos con pensiones de lujo, dista mucho de los intereses del pueblo. No hay nada peor para el ambiente que la pobreza, el gobierno está poniendo en peligro a todo el ambiente al fomentar el desempleo y desesperanza.
Es imposible alcanzar las mínimas necesidades del país en infraestructura elemental, como son puentes, casas, edificios, aeropuertos, carreteras, etc., sin aprovechar nuestros recursos naturales. No puede haber estabilidad, ni social ni ambiental, sin el desarrollo mínimo requerido. Como dijo Mario Boza, fundador de nuestro sistema de áreas de conservación: “estamos engañando al turista”, la crisis que se desenvuelve en el Parque Nacional Manuel Antonio así lo comprueba.
Los gobernantes ignoran las múltiples crisis urgentes que aquejan al país, mientras se enfocan en lo teórico e inalcanzable. No es posible construir ni utilizar vehículos eléctricos sin una minería a cielo abierto mucho más intensa dada la necesidad de más metales (hasta 19 veces más) a la actual.
El oro saqueado hasta la fecha en la Zona Norte sobrepasa unas 6 veces lo robado con el “Cementazo”, vamos por unos $300Millones, sin embargo, muchos medios de desinformación quieren desaparecer esta noticia que potencialmente puede alcanzar 11 veces ese monto, esto deja claro que no se dedican a informar sino que pretenden influenciar y servir como propagandistas. Son los mismos que no dan espacio a los técnicos de la junta directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica y su panel de expertos en el tema del aprovechamiento de recursos minerales.
Existen ahora muchas personas de diferentes profesiones que se manifiestan a favor del aprovechamiento minero, aunque anteriormente fueron opositores férreos, su capacidad de razonar les permite evaluar la situación actual y ajustar el rumbo para lograr el beneficio de los costarricenses. Desde hace años, el celo de algunos oportunistas pseudoambientalistas ha resultado ser lo peor para el ambiente. El desarrollo integral del país se encuentra usurpado por ellos. Esto afecta el desarrollo del país en todo campo puesto que ningún funcionario público de cualquier nivel desea aprobar un proyecto de desarrollo por temor a ser cuestionado o acusado según los intereses de los enemigos del progreso.
La orería ilegal no ha sido solucionada en el sur y mucho menos va a serlo en el norte, así lo han admitido los exministros de ambiente Edgar Gutiérrez y Rene Castro. El gobierno actual tiene la gran oportunidad y responsabilidad de hallar soluciones verdaderas y duraderas para evitar el caos y la anarquía que genera la extracción ilegal de oro, un problema de magnitud mundial. El decomiso reciente de dos toneladas de cianuro ilegal en La Cruz es prueba de la falta de control, en Crucitas se usa mercurio, no cianuro, eso iba para otras partes del país.
En el 2010 el Colegio de Geólogos de Costa Rica advirtió lo que pasaría si se prohibía la minería empresarial legal, se habló a los diputados y a la opinión pública, ellos hicieron caso omiso y ahora vemos el resultado. En esta oportunidad y con mucho más en juego, volvemos a sonar la alarma antes de que el país se pierda. Veremos si los actuales diputados ponen al país ante sus intereses particulares. Los que se apegan a la ley son los únicos afectados cuando se usa la misma para oprimir y atrasar a quienes si están dispuestos a obedecerla. Las moratorias y prohibiciones solo buscan dejarle el problema al gobierno siguiente, mientras tanto nuestro oro sigue saliendo ilegalmente de nuestro país.
Sabemos que el parche fiscal no ha servido y que se ocupará minar aún más impuestos de la bolsa del pueblo. El desempleo es ahora del 12% de y subiendo, esto es facilitado al no aprovechar nuestros recursos naturales, el subempleo es crónico, afectando principalmente a las zonas rurales y las mujeres. Al obsesionarse con la descarbonización todos estos índices tienden y tenderán a subir de la mano con la usurpación del futuro de nuestros hijos y nietos.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 nos obliga a defender y promover la dignidad humana, a vivir sin miseria y ejercer nuestros derechos al desarrollo económico, dice en su Artículo 1: “Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.” Pero esto es precisamente lo que se ha venido haciendo en Costa Rica, sin estudios ni consideración de las consecuencias, se niega a 5 millones de habitantes el usufructo y aprovechamiento de sus minerales y la calidad de vida digna que merecen. Sin minería no hay ninguna otra actividad humana que sea sostenible, incluso la meta de descarbonizar depende mundialmente de tecnologías fundamentadas en el oro y otros minerales provenientes de minas a cielo abierto.
El ciudadano que no conoce mucho del tema se ve obligado a suponer que el ministro del ramo debe saber lo que hace y que sus intereses deben coincidir con los del pueblo. Después de todo, el pueblo deposita en los funcionarios y servidores públicos toda su confianza para que busquen el bien común de la patria, no para que empeoren la situación. Pero hay ideólogos que solo buscan su beneficio propio y que están dispuestos a sacrificar la calidad de vida y la estabilidad del país entero. Da temor pensar que lo mismo puede estar sucediendo en otros campos de acción en todos o casi todos los ministerios e instituciones oficiales. El ciudadano debe informarse y activarse si no desea que este sea el caso. Vemos ahora crisis en toda actividad productiva, desde el turismo hasta la agricultura, construcción, seguridad, educación, etc. la excusa es siempre la misma: “FALTA DE RECURSOS”.
¿Que podemos hacer? Lo que hace falta es voluntad política, escuchar a los que sí saben técnicamente de los temas y dejar atrás los dogmas, las fobias y los paradigmas que inhiben el desarrollo real y sostenible. Es importante entender que algunos “fundamentalistas minero-fóbicos” se ganan la vida dejando a terceros sin trabajo digno. La Comunidad Europea en estos momentos está en el proceso de generar 30 millones de empleos por medio de la reactivación minera. Costa Rica va a convertirse en un exportador masivo de trabajadores si no ajusta el rumbo del modelo de subdesarrollo actual promovido por la mala-praxis política, técnicamente hablando, que nos caracteriza. El sector minero debe estar bajo un ministerio que busque la verdad y el equilibrio y que no le tema al desarrollo sano. Sin un desarrollo real no podrá haber conservación ni turismo ni seguridad ni calidad de vida en forma sostenible.
Los diputados del 2010 junto con el gobierno populista del momento usaron el desconocimiento generalizado para sacar provecho propio, por lo tanto, son responsables de la nefasta situación actual en la zona norte con miles de oreros ilegales. Muchos políticos actuales conocen la verdad, pero si tienen aspiraciones futuras prefieren permitir el saqueo de nuestros recursos. Lo mismo sucede con profesionales mediáticos que no parecen entender que esta en sus manos evitar que descendamos a los niveles de Venezuela y que donde hay miseria nada ni nadie estará seguro desde el punto de vista social, ambiental y económico.
Es bueno que sepa el ciudadano que ni el presidente Alvarado ni su ministro de ambiente han tenido el interés de preguntar ni conocer de los expertos del ramo de recursos mineros absolutamente nada. Es decir, sus decisiones se toman sin respaldo técnico, sino politiquero, ignorando inclusive a los propios expertos del MINAE que recomendaron aprovechar los minerales como única solución real para aquella zona. Continúa más bien Carlos Manuel Rodríguez repitiendo datos falsos y sin fundamento. Es natural que todo costarricense se moleste si la extracción del oro dejara solamente un 2% al país y la empresa se lleva el 98%.
La realidad es que entre el 70% del valor del yacimiento se quedaría en Costa Rica. La regalía máxima en el continente es de un 7% opcional en Argentina, no el 40% como repiten los activistas con la intención de generar dudas. Canadá no recibe un 40% como predica el ministro Rodríguez, mas bien la empresa recibe un crédito de hasta el 150% de lo invertido para explorar y desarrollar el proyecto, y dependiendo de la provincia cobran 0.6% de regalía minera. Noruega ni siquiera cobra una regalía o impuesto minero sino un 0.5% para el dueño de la propiedad, pero el ministro repite sin sustento ni prueba que aquel país cobra un impuesto minero del 70%. Si el costarricense se indignó por el caso del cementazo, con más razón debemos molestarnos con quienes esconden la verdad en este caso que pretende engañarlos y que sigamos (las generaciones actuales y futuras), en la pobreza teniendo riquezas inmensas en nuestros minerales.
En nuestra zona norte, los ciudadanos de todos los sectores y profesiones quieren aprovechar digna y responsablemente el oro en el subsuelo. Ha quedado muy claro que la manipulación en contra del proyecto Crucitas fue gestada por activistas mal-informados de la capital, irrespetando a las comunidades locales. Ahora mas de 325 firmas de los vecinos lo confirman, su petición para dejarles trabajar y producir dignamente ha sido ignorada por el Sr. Alvarado y su ministro. El Colegio de Geólogos presentó en noviembre una denuncia ante el Tribunal Ambiental del MINAE debido a que el jerarca Rodríguez se dedicó a minimizar la crisis social, ambiental y fiscal que se venia desarrollando en la zona. Hasta la fecha esta denuncia ha sido ignorada, es bien sabido que el tiempo de respuesta es muy ágil cuando reciben una denuncia contra algún empresario, parece demasiado pedirles que sean objetivos en este caso lleno de conflictos de interés.
El actual ministro usa moratorias y prohibiciones para que el pueblo de Costa Rica no pueda ni siquiera investigar y definir con qué recursos minerales contamos para luego decidir la forma de proceder y de usar la información. Este es el resultado de tener al sector productivo minero bajo el ministro de ambiente, siempre habrá un conflicto de intereses y sea quien sea el funcionario de turno tiende a sacrificar lo que no entiende y lo que requiere mucho esfuerzo. Cuando la Dirección de Geología y Minas estuvo formando parte del Ministerio de Industria y Comercio existía un equilibrio y no se daba tanta manipulación populista.
El resultado de lo anterior es que esos millones de Dólares que pudieron haber salido del suelo, deben generarse en forma de impuestos sobre la población que es mantenida empobrecida artificialmente. El modelo de desarrollo que nos quieren hacer creer es envidia del mundo no da la talla, por eso es que estamos en crisis fiscal y ya proponen una segunda oleada de impuestos, no basta ni siquiera para mantener un sistema de zonas protegidas en condiciones aceptables. Costa Rica merece mucho mejor de las boronas que nos pretenden dar para apenas subsistir.
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