A raíz del conflicto económico de Costa Rica el Colegio de Geólogos realiza propuestas concretas para mejorar situación en el país

A raíz del conflicto económico de Costa Rica el Colegio de Geólogos realiza propuestas concretas para mejorar situación en el país

La situación tan complicada en el país con relación a la economía tiene solución de acuerdo a las propuestas que plantea el Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR).

Concretamente el CGCR propone:

  1. Creación de un único proyecto de Ley en materia de minería que incluya TODAS las regiones del país y que tome en cuenta el criterio técnico de los expertos en la materia. Esto ya que al Colegio le interesa TODO el país y no solo un sector del país.
  1. El traslado de la Dirección de Geología y Minas al Ministerio de Industria y Comercio, ministerio de su nacimiento, para que ahí se desarrolle la minería como lo que es, una actividad productiva y una verdadera industria. Además, este cambio permitiría un mayor control de los datos del trasiego de minerales en Costa Rica, tal y como se expuso a nivel público en las semanas anteriores, el trasiego del oro irreal para la producción costarricense.
  1. Aprovechamiento de los recursos minerales del país.

En Costa Rica existe gran potencial de desarrollo minero desde Atenas hasta Liberia, pasando por Montes del Aguacate, Palmares, San Ramón, Cambronero, Moncada, Macacona, Esparza, Montes de Oro, Bellavista, La Unión, San Buenaventura, Pital, Guacimal, Santa Rosa, Cañamazo, Juntas de Abangares y El Líbano, que por razones de políticas anti-mineras no se han desarrollado ni aprovechado. Conociendo que no hay ninguna otra actividad productiva que logre generar tanto recurso y en tan corto tiempo, la minería legal y profesional, permitiría fortalecer la economía y disminuir el desempleo.

Potencial minero metálico (oro) de Costa Rica.

*18 millones de onzas al precio promedio de octubre 2020 equivaldrían a 34,200 millones de Dólares.

Por otra parte, la minería no metálica es el 90 % de agregados para la construcción y 10% de productos como la caliza, el sílice, diatomita y piedra pómez entre otros. La producción es de 11,2 millones de m3/año, con un precio promedio de $9.00/m3 en el mercado costarricense, genera ingresos brutos de 101.34 millones de dólares por año. El Estado percibe entre el 28% al 30% de Ingresos Brutos por impuestos directos. Hay que también tener en cuenta que el estado y sus instituciones hacen minería no metálica, lo cual representan un ahorro estimado para el Estado de $6.4 millones de dólares al año.

  1. Permitir la exploración y explotación de Gas Natural que traería grandes beneficios al país, algunos de ellos son:
  • El pago de impuestos que produciría una cantidad significativa de empleo de alta calidad, tanto técnico profesional como no profesional.
  • Aumento de la competitividad y crecimiento económico gracias al aporte de recursos fiscales (impuestos ligados a la actividad de la industria). Actualmente todo este aporte el consumidor costarricense lo paga dentro del precio de importación de los derivados de petróleo, quedando estos recursos fiscales fuera de Costa Rica.
  • Posibilidad de exportar los excedentes de los hidrocarburos por el Pacífico lo que incrementaría los recursos comerciales.
  • La construcción de un canal seco en la zona norte del país lo que representaría una alta competitividad si la energía eléctrica se generara con gas natural doméstico explotado en esta zona, que cuenta con un alto potencial de gas natural.

El Colegio de Geólogos externa su preocupación ante el trasiego de oro en el país y la falta de interés de parte de los medios de comunicación y de las autoridades pertinentes para esclarecer la situación, mientras el Ejecutivo tiene solo interés por la minería de subsistencia.

Por lo tanto, el CGCR nuevamente invita a las autoridades responsables en la toma de decisiones a tomar una actitud coherente con relación al desarrollo de la actividad minera y al gas natural en nuestro país, las cuales se pueden realizar de forma sostenible cumpliendo con todos los requisitos que la legislación nacional establece.

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