Continúa Saqueo del Norte de Costa Rica por Oreros Ilegales

Continúa saqueo del Norte de Costa Rica por oreros ilegales

Por: Fernando Nietzen. Fiscal CGCR

Durante los últimos años, meses y semanas Costa Rica ha venido cediendo y perdiendo su riqueza en oro a más de 5,000 mineros artesanales a lo largo de la frontera norte. La situación viene empeorando aceleradamente desde el 2002 por la ausencia de ayuda estatal y soluciones reales y por la inestabilidad en Nicaragua. Lo más serio es que esa finca en Crucitas no es el único lugar donde hay oro, el yacimiento es mas grande y hay varios otros aún por descubrir, gracias a las políticas anti-minería se va a repetir el mismo problema socioambiental en varias localidades del país.

Algunos han convertido a la oposición de proyectos de desarrollo en un negocio muy lucrativo. El plan actual de gobierno es pretender que somos nación desarrollada y prohibir para siempre la minería metálica y de hidrocarburos, ignorando los avances en tecnología que hacen cada vez más sostenible su aprovechamiento y que el país necesita recursos para no seguir aumentando los impuestos al pueblo. No explican de donde saldrán los $5 millones para comprar la finca ni para pagar cientos de policías, demandas y muchos gastos más.

En esta crisis actual de la región norte vemos inseguridad galopante, NINGUNA protección ambiental, los ciudadanos no reciben ninguno de los beneficios pero sí todos los riesgos y efectos negativos directos e indirectos. Los oreros usan toneladas de mercurio que contamina para siempre los suelos y aguas mientras se envenena la cadena alimenticia. El nuevo daño ambiental ya sobrepasa varios millones de dólares, probablemente perderíamos un juicio ante el gobierno de Nicaragua debido a la excesiva sedimentación provocada, drenaje acido y contaminación con mercurio del Rio San Juan.

El ministro del ramo del nuevo gobierno ha sido muy mal aconsejado y dice que no hay problema verdadero en Crucitas, que la naturaleza solita va a regenerarse y que la empresa habría causado un desastre 500 veces peor que el actual, mismo que no tendrá fin. No hay fundamento técnico para una afirmación tan temeraria. En Latinoamérica 12 países con grandes ejércitos han sido incapaces de detener la minería ilegal. Costa Rica, sin ejército y sin recursos para contratar y mantener durante muchos años a fuerzas policiales se encuentra obviamente ante una clara desventaja.

Las propuestas sin sentido de los consejeros del ministro incluyen aumentar aún más los nocivos desiertos de piña, una fábrica de queso, planta de palmito y hasta un ˮgeoparqueˮ

Soluciones como estas escogen ignorar que cualquier turista o estudiante que visite un sitio tan inseguro va a servir de escudo humano para los policías que tendrán que resguardarlos. No explican tampoco la razón por la que cortar árboles y desforestar es ahora aceptable para actividades que generan entre 100 y 400 veces menos por hectárea que la actividad minera bien realizada.

El Colegio de Geólogos de Costa Rica se opone con vehemencia a las declaraciones anti-mineras e ideologías sin fundamento técnico que aseguran y promueven la pobreza y el subdesarrollo. Dicho gremio incluye expertos en minería con experiencia nacional e internacional que ofrecen al estado y a la nación su conocimiento para hacer las cosas bien y encontrar soluciones realistas a esta crisis que apenas empieza. El Colegio insiste que la protección ambiental y la minería no son excluyentes y deben coexistir para empezar a exportar el oro en lugar de a nuestros jóvenes como refugiados económicos. En una democracia como la nuestra nadie debiera tener el derecho de condenar a la ciudadanía a la pobreza y el subdesarrollo, amenaza real a las demás actividades productivas como el frágil turismo que no puede existir con la inseguridad y el crimen.

Si, prohibimos la minería aquí donde existe la legislación y la cultura de respeto ambiental estamos siendo irresponsables al continuar importando y utilizando los frutos de la minería de países donde no se respeta el ambiente ni a sus trabajadores. Los opositores de la actividad minera moderna vieron en el 2009 su oportunidad para sacar provecho político y personal manipulando a la ciudadanía. Ahora vemos destrucción ambiental y social descarada y sin control, de forma milagrosa nos dicen que ¨no hay problema¨ y se intenta minimizar tanto efecto negativo y evidente.

 

¿Por qué es mejor la minería legal que la minería ilegal?

Por: Esteban Bonilla.

La premisa “la minería legal es mejor que la minería ilegal”, se ha repetido en numerosas ocasiones, en el ámbito técnico, legislativo y político local. Se han dado las razones de porque una es buena, porque la otra es mala y se han enumerado los riesgos de ambas.

Algunos actores de la sociedad comprendieron rápidamente el mensaje, pero existe un razonamiento escabroso que permite que sus ideas de hacer lo correcto, lo técnicamente correcto, se diluyan y den paso a ideas de hacer lo que es conveniente para su economía personal, notoriedad pública o sus aspiraciones.

Ahora bien, existe quienes con un interés muy particular podrían internarse en temas técnicos, pero con otros fines no tan técnicos o científicos. Es normal escuchar actualmente frases como: “políticamente correcto”, “políticamente inviable” o “políticamente costoso”. En algunos temas estas frases pueden ser utilizadas sin temor al juzgamiento; pero, cuando se trata de temas científicos y temas técnicos, no se justifica dejar de escuchar la realidad técnica por un tema de: “nos pareció políticamente muy costoso”, o “se observó que un costo político muy elevado”; o aún más triste: “vimos que era políticamente inviable”. Inclusive la conocida frase: ¿hay ambiente en la asamblea? Eso significa que para hablar de lo técnicamente correcto y probado científicamente, ¿los técnicos tenemos que crear ambiente? ¿Desde cuándo lo técnicamente correcto, lo que la ciencia probó que es mejor para el ambiente, la sociedad, la economía social y el desarrollo equilibrado con el ambiente, debe descartarse por ser políticamente costoso?

Les diré desde cuándo, desde que se interpone un interés personal sobre el social, y sobre la economía y protección ambiental. Estos actores sociales, dentro de los cuales hay técnicos y científicos, están pensando en sus aspiraciones políticas (algunos hasta presidenciales). Otros aspiran tal vez a un puesto en algún fondo o alguna ONG de corte ambiental, a un puesto político o seguir siendo un asesor por unos añitos más. Otros, sencillamente descartan la realidad técnica por el bienestar del partido político, no del país.

La realidad técnica es la siguiente: la minería legal es beneficiosa para la economía social y para la protección del medio ambiente.

Una mina legal cuenta con profesionales en biología, ingeniería forestal y ciencias ambientales que se encargan de monitorear los niveles base ambientales, y de proponer, implementar y revisar las medidas de mitigación y de recuperación ambiental según se vayan revisando datos recopilados por procesos científicos. Así mismo cuenta con profesionales en geología, topografía, ingeniería en minas, ingeniería civil, geotecnia y otras ramas, que se encargan del diseño y extracción para que se realice de manera segura.

Un proyecto legal, también cuenta con profesionales en ciencias de la salud ocupacional, ingenieros industriales, ingenieros químicos y químicos quienes revisan y ejecutan los procesos de manera segura para los trabajadores, para el ambiente y para la inversión. Además pasa por serios procesos de análisis de inversiones, de costo-beneficio, con proyecciones que involucran variables desde nacionales hasta internacionales, costos de recuperación ambiental y de cierre técnico. En este análisis participan expertos en economía minera, economistas y otros profesionales de ciencias económicas.

En la minería ilegal no hay nada de esto y es gravísima para la sociedad, para la economía social y el prestigio del país. Ya pretender que no somos ricos en oro para satisfacer algunos egos o preferencias personales pasó, el saqueo es imparable, ahora solo queda decidir si dejamos que esto destruya al país o si lo convertimos en bienestar y crecimiento para el ciudadano.

Esta información fue comunicada a los actores sociales y políticos, aun así, le dieron la espalda a lo técnicamente correcto y tomaron la peor decisión: Prohibir la minería legal.

Estas personas incluso no valoraron el costo social y despreciaron el empleo que genera un proyecto minero legal. Esos empleos despreciados por los opositores a la minería legal, son personas que saben que hay responsabilidad detrás de las acciones, que hay recompensas si hacen bien la labor, saben que son parte de la sociedad, útiles, con un salario digno y gastan, invierten, compran y encadenan la economía.

También aumenta el problema el hecho de que se minimice de manera pública los daños que causa la minería ilegal. En cierta forma estas declaraciones en oídos de los mineros ilegales, dejan mensajes de permisividad; dejan mensajes de: “pueden seguir haciéndolo”.

Minimizar de manera pública los daños que causa la minería ilegal, deja un mensaje en los inversionistas mineros, de otras industrias y a nivel internacional, sobre la poca seriedad con la que se toman un tema tan importante como la degradación al medio ambiente y a la economía social.

Se pierden recursos del estado como el oro y recursos naturales sin posibilidad de reponerlos ni de encontrar responsables. Se pierde calidad de vida en la comunidad, y se da paso a la criminalidad y al abandono.

Se han cometido muchos errores, es el momento de reconocerlo, hacer lo técnicamente correcto y comunicarle al mundo: Hace 10 años se hizo caso omiso a los técnicos y científicos que advirtieron este desastre, y se tomó la decisión de prohibir la actividad minera de oro a cielo abierto, los datos indican que proliferó el saqueo de oro que no ha sido posible controlar, y con este saqueo se provocó y se provocan todavía serios daños al ambiente dentro de los que figuran contaminación de suelos y aguas superficiales con mercurio.

Es por ello que es necesario fomentar las actividades legales bajo un marco normativo estricto de protección ambiental y una institucionalidad fuerte con normas modernas. Es necesario este fomento a las inversiones serias y estudiadas, a la participación social de los proyectos y a los empleos de alta capacidad como los que hay en la minería legal.

Verdades: La minería de oro si puede coexistir con las actividades turísticas, así lo demuestra países como México, República Dominicana y muchos otros. La minería de oro si puede realizarse en climas tropicales, como se hace en Panamá, República Dominicana, Ghana, Papúa Nueva Guinea y decenas de países. La minería de oro legal y responsable no arroja sustancias tóxicas al agua ni al suelo. La minería legal y responsable ofrece empleos de alta capacidad que mejoran las expectativas de sus comunidades y una serie de encadenamientos económicos que no ofrecen muchas industrias. Las normas ambientales en el país no son frágiles y las instituciones del país no carecen de capacidades, al contrario, las normas ambientales del país son sólidas y son ejemplo

Colegio de Geólogos desmiente nuevamente las aseveraciones del ex Ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez ante Asamblea Legislativa

  • Además externa preocupación por el juicio en el CIADI, e insta a los diputados a finalmente tomar acciones históricas en relación a la actividad minera de Costa Rica

El ex ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez nuevamente falto a la verdad en sus aseveraciones, en esta ocasión en su comparecencia ante la Asamblea Legislativa el pasado mes de agosto. Sobre ideas puntuales expuestas por Rodríguez el Colegio de Geólogos de Costa Rica (CGCR) quiere aclarar:

  • La presidenta del Colegio de Geólogos no participó en la elaboración de ningún estudio de impacto ambiental para dicho expediente. El ministro sabe que en la zona que ha sido saqueada desde el 2017, el robo de oro es diferente a la de los cálculos de reservas de dos cerros que la empresa evaluó. A sabiendas que se trataba de otro sitio, los valores de concentración de oro donde trabajan ilegales son mucho más elevados a los mencionados por el ex ministro.
  • Sobre la NO participación de CGCR, el ministro ha rechazado la ayuda y el conocimiento de los especialistas del ramo. Además, ha rechazado activar el Concejo Técnico Asesor de minería – CTAM, formado precisamente para dar el mejor abordaje a temas de índole minero.
  • Sobre el Sr. Allan Astorga, además de no ser experto en tema en la actividad minera metálica de oro, es de conocimiento de todos que siempre ha sido un férreo opositor a la industria minera metálica. En una comparecencia anterior ante la comisión de ambiente, bajo cuestionamiento del diputado Carlos Ricardo Benavides, el ex ministro admitió que su amigo consultor era el Sr. Astorga, el cual además entregó un informe incorrecto a Diputados de la Asamblea Legislativa.
  • El Colegio de Geólogos no tiene ideología, es un organismo que tiene el fin de contribuir al Estado.
  • Los Geologos están a favor de la investigación científica que tras ser evaluada y sopesada permite tomar las mejores decisiones y  lograr el sano aprovechamiento de los recursos con que Costa Rica cuenta. Mientras que el ex ministro es sesgado en sus opiniones ideológicas y sin fundamento técnico con relación a la actividad minera metálica de oro.
  • Los hidrocarburos no son cosas del pasado porque a él se le ocurrió decirlo, faltan muchos años para ser sustituidos por fuentes alternativas de energía.
  • La mayoría del oro de Crucitas sale por Nicaragua, NO por el aeropuerto Juan Santamaría, por logística económica.
  • No es válido decir “yo nunca dije eso”… como ya se demostró con videos como prueba el Sr. Rodriguez dijo sobre el daño en la zona de Crucitas que iba a ser 500 veces mayor si la empresa hubiera trabajado, lo cual quedó grabado en un programa de Repretel el 14 de noviembre de 2018, realizado durante la visita a Crucitas, donde enfatizó: “sin lugar a dudas esto hubiera sido 500 veces peor”.
  • Sobre el seguimiento a la denuncia del CGCR al Tribunal Ambiental, se considera una falta de interés del señor Rodríguez en conocer y darle seguimiento y solución a la investigación de una denuncia con un fuerte componente ambiental.
  • Sobre la NO participación del CGCR en las mesas de trabajo, la interrogante es, si son cosas internas del MINAE, por qué no utiliza sus funcionarios expertos de la Dirección de Geología y Minas, pero si utiliza consultores externos, no expertos en minería que evidencian su desconocimiento del tema cuando utilizan datos erróneos que llevan a la confusión y a la distorsión de la realidad al Estado costarricense.
  • No existe ningún informe que afirme que el yacimiento de oro en Crucitas contenga tan solo $60 millones en oro.
  • El Colegio de Geólogos nunca ha dicho que el oro se debe de regalar. Lo que ha manifestado, es que se deben dar las pautas técnicas y económicas, congruentes con determinada inversión para el desarrollo de un proyecto.
  • En ningún momento el oro hubiera sido regalado, como lo expresó el ex ministro, los profesionales de Geología y Minas le entregaron documentación donde se expresa que el 65% del yacimiento se quedaría en Costa Rica, eso no es regalar el oro. Además del pago de otra cantidad de impuestos por la actividad que son beneficiosos para el país.
  • Desde el 2001, se creó el Consejo Técnico Asesor Minero del Estado (CTAM), asunto del completo conocimiento del señor ex ministro y nunca lo convocó. Sin embargo, el ex ministro si formó comisiones sin expertos en el campo para tratar temas específicos, y se asesoró y se blindó ideológicamente, con profesionales inexpertos en la actividad minera, para satanizarla.
  • Sobre la posición ideológica de la Directora y Subdirector de la DGM es falso que el Colegio de Geólogos de Costa Rica haya pretendido ordenar las pautas a seguir por los colegas de la Dirección Geología y Minas. Eso es una falta de verdad y falta de respeto a los funcionarios públicos y Colegios Profesionales de Costa Rica.
  • Reiteramos que el Colegio de Geólogos de Costa Rica no es una institución ideológica, sino un organismo que tiene como función, dar a conocer por medio de su Junta Directiva a sus agremiados, el mejor funcionamiento de la ejecución de las ciencias geológicas y fiscalizar que los profesionales actúen, según las normas éticas y legales de Costa Rica.
  • El ex ministro ha sido reiterativo en dar información falsa y subjetiva sobre todo al referirse a la presidencia del Colegio.

Costa Rica debe tomar acciones

Como es de conocimiento público una demanda fue interpuesta en el Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionistas Extranjeros contra Costa Rica por parte de la empresa minera canadiense Infinito Gold, a raíz de su fracasado intento de desarrollar un proyecto minero en Crucitas.

De perderse esta demanda el Estado deberá cancelar alrededor de $400 millones a Industrias Infinito, cifra considerable con la cual el país no cuenta y menos en esta época de crisis por la pandemia del COVID-19. Los responsables de esta situación serían los que manejaron los aspectos legales del conflicto y los instigadores a que se tomaran estas malas decisiones legales, y no el CGCR que ha venido advirtiendo esta situación hace muchos años e instando a las autoridades para que esto se manejara en buena forma y no perjudicar al Estado.

Además, dado el poco interés del Poder Ejecutivo de ordenar la legislación minera en Costa Rica en el ámbito de la Industria Minera;  el Colegio de Geólogos insta a los diputados a que tomen la decisión histórica de cambiar el rumbo erróneo que ejecutó el poder legislativo hace unos años.