La publicación del domingo pasado, en La Nación , de la Junta Directiva del Colegio de Geólogos de Costa Rica no debe pasar inadvertida. Dirigida al presidente de la República, Abel Pacheco, en forma pública, merece una respuesta convincente, respetuosa e inspirada en el interés público. En abono de dicho colegio profesional debe destacarse su independencia y valentía, al tomar posición sobre un asunto público fundamental que, en vez de airearse en el debate nacional con altura y objetividad, se ha convertido, como otros asuntos ambientales y económicos, en materia ideológica, en estandarte político y en surtidor de pasiones.

El Colegio de Geólogos apela, como epílogo de su exposición, al sentido común, el cual indica que "cualquier actividad puede ser desarrollada en armonía con el medio físico, biológico y antropológico, siempre y cuando se haga de manera racional y no se desvíe la atención hacia pensamientos simplistas y faltos de fundamento técnico y científico". Este planteamiento invita a analizar diversos proyectos nacionales con espíritu abierto, sin dogmatismos ni estigmatizaciones contra los que defienden posiciones opuestas. Este es el sentido de las declaraciones publicadas por La Nación , el domingo pasado, del Dr. Claudio González. En ellas se quejaba este prestigioso académico y educador costarricense de la pérdida en nuestro país de la frescura y fecundidad del debate con hondura, amplitud y respeto. Al cegarse esta fuente de ideas y de formación nacional, las simplezas llenan el vacío. Este ha sido, en parte, el ambiente intelectual que ha permeado la discusión acerca del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, las propuestas de privatización o de apertura de los monopolios públicos, el proceso de globalización, la eliminación de los privilegios y de los fueros especiales, la reforma del Estado, hasta la recolección de basura según criterios técnicos, y, en general, toda propuesta de cambio que, de alguna forma, toca intereses creados o a grupos organizados.

Los argumentos expuestos por el Colegio de Geólogos sobre la explotación de los recursos minerales y energéticos, la política ambiental, la hipocresía estatal en lo concerniente al cuidado del ambiente, la legislación en estas materias, el impacto de estos recursos en el desarrollo del país, las decisiones inconsultas en un campo tan sensible e importante, la demagogia y el populismo prevalecientes y el cómodo enclaustramiento en posiciones irreductibles, por temor al estudio y al debate, deben ser objeto de un análisis cuidadoso. La política del Estado no puede estar circunscrita a una oposición radical y tampoco a la incorporación a la Constitución Política de un capítulo sobre postulados ambientales para complacer a determinados grupos o allegados. No se puede prescindir, en asuntos tan complejos, del pluralismo interdisciplinario, de la apertura intelectual, del bien común y de un liderazgo político correctamente orientado.

Es un derecho de los ciudadanos recibir una información objetiva y cabal sobre su propia riqueza natural, y saber de antemano cómo se la protegerá, desarrollará o explotará en un marco legal y ético depurado, sujeta a controles estrictos, como han procedido países de honda raigambre democrática, o si, por el contrario, una nación y en ella las diversas comunidades no deben disfrutar de estos bienes de la naturaleza. Un debate de estas características es muestra de madurez y de racionalidad.